El juez Thomas Griesa (el del famoso fallo a favor de los fondos buitre (vulture funds), o sea, los holdouts que litigaron contra Argentina desde un principio) parece el más malo de esta película. Sin embargo, es apenas su cara más visible, el que ahora empieza a ser criticado, observado, analizado y seguramente, culpado (como chivo, o como buitre expiatorio) cuando el tema termine de estallarle en la cara. Sin embargo, no es sólo él el protagonista. Como bien dice el periodista de economía Mariano Beristain en ¿Grietas y falencias o un acto de piratería?:
(...) el dictamen de Griesa comete un atropello mucho más grave. Con la excusa
de dirimirse en la jurisdicción de Nueva York, avasalla el principio de
soberanía y justicia de naciones tan diversas como la Argentina, Japón e
Inglaterra, jurisdicciones en las que se emitieron parte de los bonos
afectados por la determinación que tomó el magistrado. De esta manera,
se afecta los derechos de propiedad de aquellos bonistas que ingresaron
al proceso de reestructuración y que se encuentran imposibilitados de
cobrar los pagos que realiza la Argentina y que los órganos fiduciarios
como el Banco de Nueva York y Euroclear no liquidan por la orden de
Griesa. Es decir, que el magistrado actúa de la misma manera que lo ha
venido haciendo históricamente, discriminando entre los derechos de
propiedad propios y ajenos. (...)
Sin embargo, este dictamen no puede explicarse sencillamente como la arbitrariedad propia de un (solo) juez... (...) El dictamen de Griesa fue refrendado por la Cámara de Apelaciones de
Nueva York y, de forma implícita, por la Corte Suprema de Justicia de
los Estados Unidos, que se negó a tratarlo y habilitó todo lo hecho por
las dos instancias anteriores. En este caso, existe un criterio único y
connivencia entre Griesa, la Cámara de Apelaciones y la Corte Suprema de
Estados Unidos.
Es decir, que desde el punto de vista político la situación actual es
mucho más grave de lo que aparenta porque en realidad se trata de un
acto de piratería de un país (Estados Unidos) sobre otro (Argentina)
pues en el caso de que el gobierno de este último diera un mal paso en
la negociación, adquiriría una deuda de tal magnitud que otorgaría
derechos a los acreedores sobre activos naturales estratégicos como el
yacimiento de Vaca Muerta.
La complicidad de la Justicia de un país con estos depredadores especulativos no puede ser soslayada, por más que los voceros defensores de los buitres vernáculos se empeñen en querer convencernos de su supuesta independencia. Y si la Justicia actúa en connivencia con estos capitales especulativos que no se detienen ante nada ni ante nadie con tal de realizar sus depredadores negocios, aun llevándose puesto un país, es EL PAÍS (en este caso, EEUU) el que está detrás, incluyendo el poder político supuestamente independiente de la Justicia, pero que nada hace (porque no quiere o porque no puede) para detener o al menos denunciar semejante atropello. Pero claro, qué puede sorprendernos de un país que utiliza la guerra como negocio, que inventa enemigos para apropiarse de sus riquezas, que justifica un genocidio con la excusa de que "un país tiene derecho a defenderse" (como hace una potencia militar como Israel en la Franja de Gaza contra el pueblo palestino), y que tiene en la Gran Manzana un juez capaz de emitir un fallo insólito, extravagante, disparatado, que puede poner en jaque al mismo sistema, a Nueva York como plaza financiera y a cualquier país que en el futuro necesite reestructurar su deuda. Ahora muchos observan que es una persona "muy mayor", que no sabe en qué se metió, que no comprende el sistema de bonos que Argentina emitió para reestructurar su deuda, que necesita que le repitan siete veces las mismas cosas, que se enoja porque la Presidenta y/o el ministro de Economía tienen un discurso "incendiario", que su fallo brinda poca confianza a la plaza financiera (como editorializó un periodista del NYTimes)... ¡Cuánta hipocresía sale a flote ahora, no?! (Ver nota de Floyd Norris, del NYTimes El patas arriba de los bonos argentinos). (Y también ver Se lo notó muy confundido).
Tan disparatado es el fallo de este juez (avalado por las Cámaras de Apelaciones y por la Corte Suprema de los EEUU), que su cumplimiento se hace IMPOSIBLE. Veamos por qué:
1. La falacia del pari passu. Mientras que los bonistas han recibido el dinero correspondiente al bono
reestructurado con una quita del 75%, los holdouts cobrarán al 100% de
su dinero.
2. El mandato constitucional. Un juez de Estados Unidos no puede obligar a Argentina a
violar la Ley Cerrojo o a forzar a sus Cámaras de Diputados y Senadores
de la Nación para que cambien la legislación.
3. Litigios en cascada. La cláusula RUFO (Right Upon Future Offers) obliga, antes de 2015, a hacer extensiva a los
bonistas que aceptaron el canje de deuda (2005 y 2010), (los holdsin), cualquier oferta
mejor realizada a los holdouts. Por lo tanto, el dinero que habría que
pagarles a los buitres (U$S 1650 millones, según ellos reclaman), se
convertiría en una catarata de denuncias que haría imposible el pago.
4. La desigualdad soberana. Al obstaculizar el pago a los acreedores, se constituye una violación de
la prohibición de la coerción a otros estados en virtud de la igualdad
soberana. Por eso el Ministerio de Economía advirtió "respecto de las consecuencias de sus
actos a los Estados Unidos por la responsabilidad internacional que le
cabe", y amenazó con "eventuales acciones judiciales que nos permitan
hacer valer legítimamente nuestros derechos como miembros de la
comunidad internacional".
5. Legislaciones extranjeras. Argentina en los canjes 2005 y 2010 ha emitido bonos bajo ley argentina,
de Nueva York, de Londres y ley japonesa. Griesa sólo tiene soberanía
plena en los bonos emitidos bajo legislación estadounidense. Sin
embargo, el fallo aplica hoy para bonos en ley inglesa y japonesa,
mientras que se encontraría exceptuada la argentina.
6. Es ilegal en otras jurisdicciones. Una moción presentada por la Euroclear (la Caja de Valores de Bélgica)
explicitó un nuevo dilema. Debido a su procedencia, la institución debe
regirse bajo ley belga.
7. Los bonos no se pueden diferenciar. Un reciente texto
publicado por el Citibank argumenta que los bonos bajo ley argentina del
canje son indistinguibles de otros títulos, dado que todos habían sido
emitidos bajo el mismo decreto y por lo tanto tenían el mismo número de
emisión.
8. Imposibilidad del pari passu. Como consecuencia de lo
anteriormente señalado, Griesa sólo podría bloquear a un pequeño grupo
de bonos bajo legislación de Nueva York pagaderos en instituciones
norteamericanas en caso de que no haya bonos fuera del canje emitidos
bajo el mismo decreto. Por lo tanto, no puede asegurarles a los buitres
que se ejerza su interpretación del pari passu. Es decir, la Argentina
podría seguir pagando en las sedes ajenas a Nueva York al mismo tiempo
que no se les paga a los holdouts.
9. Viola derechos de los acreedores. Los fondos técnicamente pertenecen a los bonistas. Pero, al estar bloqueados por orden de Griesa, según el comunicado de Economía del 26 de junio, esta acción tendría
como consecuencia "una apropiación indebida de fondos de terceros,
desbaratamiento de derechos otorgados, e incumplimiento de su
responsabilidad contractual".
10. El Discovery también afecta la soberanía. Existe una causa paralela respecto del pari
passu, pero que tiene implicancias en el litigio, llamada "Discovery
Worldwide": las instituciones financieras
internacionales deben revelarle a los buitres el paradero de los activos
comerciales argentinos para poder embargarlos. Esto invade no sólo la
soberanía nacional de Argentina al revelar información confidencial,
sino la de los terceros países a los que las entidades financieras
pertenecen.
(Ver nota completa del periodista Genaro Grasso en Tiempo Argentino: Las 10 impugnaciones que hacen inviable el fallo de Griesa.)
Mientras tanto, la ATFA (Fuerza de Tareas de los fondos buitres contra Argentina) continúa con sus amenazas pronosticando desastres, metiéndose en la política argentina, sobornando a sus lobbistas (periodistas de medios hegemónicos, y consultores economistas), publicando solicitadas incendiarias y mentirosas, difamando al gobierno argentino, con tal de forzar una decisión que favorezca sus usurarios intereses, cumpliendo un fallo que obligaría al país a suicidarse, si no acata antes del "fatídico" 30 de julio.
Para llevar un poco de claridad y tranquilidad sobre el tema, dejo los audios de dos especialistas:
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