2 de Septiembre de 2021

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jueves, 20 de marzo de 2014

Pasado de servilleta, presente de papelón.















Domingo Cavallo inmortalizó el control del menemismo sobre los jueces federales con una imagen única: la famosa servilleta de Corach. De los nombres incluidos, tres ya fueron separados de la Justicia; otros tres se irán antes de fin de año y otros enfrentan pedidos de juicio político.
La nota es del año 2001 y fue escrita por la periodista especializada en Tribunales, Irina Hauser, para el diario Página 12 (¿Qué pasó con los jueces de la servilleta?).
Y continúa...

Todavía es un misterio qué hizo Domingo Cavallo con la servilleta en la que, según denunció en 1996, el ex ministro del Interior, Carlos Corach, le escribió los nombres de los jueces federales que respondían a los deseos del gobierno de Carlos Menem. Aunque nadie vio jamás la lista de la que hablaba el ex ministro de Economía –y que, aclaraba, no incluía a todos los integrantes del fuero–, el tiempo y las anécdotas de tribunales colaborarían con su reconstrucción (imaginaria). 
Es interesante refrescar la lista de los jueces que aparecen mencionados, así como las causas en las que se "lucieron", pero también es muy curioso encontrarse cómo, algunos de ellos, aún hoy continúan en sus funciones como si tal cosa. Uno de ellos es el juez Claudio Bonadío.

Sigue la nota:
(Claudio) Bonadío, el más cuestionado en el Consejo (de la Magistratura), fue subsecretario de Corach en la Secretaría Legal y Técnica. Cavallo contó, tal vez torpemente, que vio y escuchó cómo Corach le pedía que archivara una causa suya por presunto enriquecimiento ilícito. Bonadío fue también quien procesó al represor Alfredo Astiz por apología del delito y sumó otro poroto a las desgracias de Alderete al procesarlo por administración fraudulenta. Tiene en sus manos una causa contra el Grupo Yoma en la que se analizan préstamos millonarios dudosos que recibió del Banco Nación, reintegros del IVA y beneficios impositivos indebidos. Estas operaciones tocarían tanto al gobierno anterior como al actual, pero la pesquisa marcha a fuego muy lento, sin resultados a la vista. 
A raíz de esta última causa contra Jorge Yoma (y de otras pendientes) el Consejo de la Magistratura recientemente conformado, acaba de citarlo por "mal desempeño en sus funciones" (ver nota ACÁ). Hace apenas unas semanas, Jorge Yoma andaba vociferando por medios opositores al gobierno que Cristina (Fernández) "o cambia, o se va", así de desfachatado y delirante... 

Claudio Bonadío, el magistrado que tiene en su despacho la causa contra Jorge Yoma, ya manejó otra denuncia contra el grupo familiar del denunciado. Bonadío sobreseyó a los integrantes del Grupo Yoma S.A. en 2004, por presunto fraude contra la administración pública en una causa por irregularidades en la obtención y reintegro de diversos créditos por montos multimillonarios en la banca oficial durante el gobierno de Carlos Menem. Por este sobreseimiento fue investigado por el Consejo de la Magistratura.
Juez de fuerte repercusión mediática, en los años ’70 militó en la organización de derecha peronista Guardia de Hierro y con la llegada del menemismo Carlos Corach lo hizo ingresar en la Justicia Federal. Su nombre fue uno de los mencionados en diversas notas periodísticas como uno de los que habrían aparecido en la “servilleta de Corach” en los años ’90. Cuenta con más de sesenta causas presentadas en su contra en el Consejo de la Magistratura, algunas de las cuales están en curso.
(Ver subnota en Revista Veintitrés del 14/01/2014: Hacete amigo del juez).

Pero últimamente, el mediático juez, ha tenido otras ocasiones en las que lucirse: el siniestro de la estación Once (donde murieron 52 personas) y el sospechoso incendio de un depósito de documentación (de la firma Iron Mountain) en el barrio de Barracas en el que murieron 9 personas, entre bomberos y rescatistas.
Sigue la nota de la Revista Veintitrés:

Entre sus últimas medidas polémicas aparece el procesamiento del ex secretario de Comercio Guillermo Moreno, en el inicio de la campaña electoral del 2013, al mismo tiempo que Sergio Massa –un candidato del agrado del juez– hacía de la figura del funcionario uno de sus principales lugares comunes de crítica al gobierno nacional.


Con el trágico incendio de Barracas, su nombre volvió a aparecer en público. Bonadío fue quien abrió una causa contra el jefe de bomberos de la Policía Federal, Leonardo Day, por “no haber cumplido adecuadamente su función” en la búsqueda de Lucas Menghini Rey, una de las víctimas de la tragedia de Once. Pero luego se conoció que el fue el propio magistrado quien posteriormente a la tragedia ordenó no buscar más al joven. Por eso la Cámara Federal lo apartó de la investigación.
Leonardo Day fue uno de los bomberos héroes que perdieron la vida en el trágico incendio de la planta de Iron Mountain en Barracas.
 ¿Cómo se habrá sentido el polémico juez que volcó las culpas de su propia inoperancia sobre un jefe de bomberos que luego dio su vida cumpliendo su deber? 
Pero su torpe (?) actuación en la etapa de instrucción del siniestro de Once (que el día 18/02/14 inició su etapa de juicio oral luego de 2 años), no se limitó a echar las culpas de su inacción en otros. Dice el abogado Gregorio Dalbón, que patrocina al mayor número de familiares y víctimas del penoso episodio de Once:
Abogado de las víctimas: Gregorio Dalbón.
“Ya llegamos al debate oral el 18 de marzo, pero quiero hacer una salvedad: la instrucción de (Claudio) Bonadío es pésima, juntó cuestiones que no pueden ir juntas, como son
  • la responsabilidad del maquinista, 
  • la responsabilidad política del Estado nacional y 
  • la cuestión de los subsidios al transporte 
y terminó embarrando la causa. Para nosotros el objeto basal del debate debe ser el motorman Marcos Antonio Córdoba, quien según las pericias (*) o bien no frenó o tenía “frenos largos” y no los accionó oportunamente”, consignó.

“Reitero el objeto basal es claro, la culpa objetiva es del maquinista, el que mató fue el maquinista, quien era el que manejaba” insistió.

Una causa politizada

Dalbón es categórico al criticar el accionar del juez Claudio Bonadío. “Bonadío politizó la causa, utiliza la causa Once para vengarse de otros funcionarios públicos. Interpretó que (Ricardo) Jaime –quien ya no estaba en funciones- (Juan Pablo) Schiavi y otros eran responsables pero entendió que el Estado podía ser parte querellante…. Hizo una instrucción pésima, al punto que tanto la Sala I como la Sala II lo rebatieron: 
  • dijo que había una asociación ilícita entre empresarios y funcionarios y no la hubo; 
  • que el Estado podía ser querellante y no pudo ser querellante; 
  • que el maquinista podía ser sobreseído y el maquinista no terminó sobreseído, está acusado de estrago culposo y, 
  • también, recordemos que fue quien ordenó que dejen de buscar el cuerpo de (Lucas) Menghini Rey“, sostuvo.
(Ver nota completa ACÁ). 

Con el juicio oral casi pisándole los talones, el juez Bonadío se prestó a hablar en una nota para periodistas de CN23, y entre otras cosas quiso explicar por qué pidió el sobreseimiento del motorman Marcos Córdoba, y entonces dijo:
...porque lo subieron a un lugar al que no tendría que haber estado" (sic).
                           
Bonadío debe creer que todos somos estúpidos, tal vez porque él pretenda pasar por uno. Lamentablemente, en el video no se incluyen repreguntas de los periodistas sobre el punto, si es que las hubo. 
(Ver nota http://www.infonews.com).

Pero mejor escuchemos lo que sí decía sobre la cuestión el abogado Gregorio Dalbón en el programa Bajada de línea, del periodista Víctor Hugo Morales, del día Domingo 16/3/14 (minuto 8:03):

                            

Es de esperar que el Consejo de la Magistratura pida explicaciones y tome las medidas que correspondan a fin de poner justicia donde este juez inoperante sólo pone confusión mientras hace papelones.
_______________________________________________
(*) Sobre las últimas pericias realizadas, ver nota de http://www.infojusnoticias.gov.ar/. 

martes, 4 de junio de 2013

Justicia Legítima: Contra viento y marea,

LA JUSTICIA SOMOS TODOS
Así titulan la Solicitada quienes forman parte del colectivo Justicia Legítima presentada el día Domingo 2/6/2013.
Y agregan, entre otras cosas:

"Concita nuestra preocupación el rechazo pertinaz de una parte de la magistratura y de la abogacía al incremento de la presencia de la voluntad popular en la elección de aquellos que integrarán el Consejo de la Magistratura.
Tal repulsa al ejercicio de la soberanía popular pretende justificarse en una interpretación restrictiva de la Constitución, que olvida uno de los principios rectores que la define: la forma de gobierno representativa, por voluntad del poder constituyente originario. Así, la habilitación de la participación del pueblo en la conformación de todas sus instituciones afianza, consolida y expande la ideología inspiradora de la carta política de nuestra Nación.
La oposición a la elección popular de los consejeros (*) exhibe al desnudo la impronta monárquica que todavía coloniza el pensar y el hacer de muchos magistrados; quienes se perciben como predestinados al cargo que ostentan y, en cambio, consideran a los ciudadanos como convidados de piedra del servicio que deben brindar.
La salida de la encrucijada que enfrentan hoy los jueces que deben definir las presentaciones de sus pares, que reclaman en defensa del corporativismo judicial en desmedro de los derechos del pueblo, demostrará si el anciano foro conservador está dispuesto a hacer un aporte a la democracia —revisando los aspectos más nocivos de la institución, sus prácticas y su cultura—, o prolongará su agonía replegándose sobre sí mismo, sin pudor ni límites, y al costo de profundizar su distanciamiento de la sociedad, mal disimulado tras una cortina de abstracciones discursivas y rituales cosméticos.
Quienes conformamos JUSTICIA LEGÍTIMA sólo concebimos al Poder Judicial como un servicio del pueblo para todo el pueblo. Somos conscientes de que confrontamos contra un orden de privilegios que resiste con virulencia cualquier intento de cambio y ataca arteramente la activa labor de probos y comprometidos magistrados. Por eso mismo, seguiremos trabajando en pos de nuevas reformas, como aquellas que atiendan a fortalecer el acceso a la justicia, la oralidad en todos los procesos e instancias y la participación ciudadana en los procesos judiciales; así como en hacer realidad la expresa letra del artículo 114 de la Constitución Nacional en cuanto prescribe la forma en que se deben administrar los recursos del poder judicial. La prioridad estará puesta en que la justicia llegue a los que más la necesitan, como los pueblos indígenas, los sectores campesinos, los trabajadores, los grupos más vulnerables de la sociedad. Todos aquellos que penan por las injusticias que padecen.
Con estos desafíos por delante, definimos constituirnos formalmente como Asociación Civil y convocamos al Tercer Encuentro Nacional que se celebrará en el mes de septiembre en Mendoza.

Nuestra lucha es irrenunciable e inclaudicable, más allá de cualquier vicisitud, porque es la lucha por lo que falta de Democracia".
Esta Asociación Civil en que debió conformarse el colectivo respondió a necesidades formales y operativas, ya que no es fácil conectarse con el mundo desde un estado asambleario, tal como explica su recientemente designada Titular de Justicia Legítima, María Laura Garrigós de Rébori (ver foto). Sin embargo, esto no implica que se transformará en una nueva corporación, sino que mantendrá su carácter horizontal, sin limitaciones ni jerarquías.
Es presidenta de la Cámara Criminal y Correccional y dice:
Vamos a seguir funcionando como un montón de gente loca que hablamos todos al mismo tiempo. El único requisito para participar es ser mayor de 18 años y comulgar con los objetivos de la asociación
(ver nota completa acá: Antes los jueces hablábamos de ropa o de vacaciones. Hoy hablamos de poltíca.

Las otras dos personas autorizadas de Justicia Legítima son Jorge Auat como Secretario (Unidad de DDHH de la Procuración), y Mario Kestelboim como Tesorero (de la Defensoría porteña). La Comisión Directiva la integran: Alejandra Gils Carbó (Procuradora General), Stella Maris Martínez (Defensora General), Alejandro Slokar (Juez de Casación), Javier de Luca (Juez de Casación), Félix Crous (titular de la Procuraduría de Narco criminalidad), Omar Palermo (Juez de la Corte mendocina) y José Massoni (ex camarista y ex titular de la Oficina de Anticorrupción). La asociación se articula en red con el CELS, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y Abuelas de Plaza de Mayo.
Y termina diciendo la flamante titular de Justicia Legítima:

"Siempre pertenecí a sectores que quisieron cambiar las estructuras corporativas, pero siempre fuimos perdidosos. Ahora somos una facción importante como nunca la hubo y nunca vi tanta imbricación con el resto de la sociedad". (Leer nota completa acá: Cómo queda Justicia Legítima).
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(*) La "oposición a la elección popular de Consejeros"  a la que alude la Solicitada de Justicia Legítima se tradujo en una batería de presentaciones cautelares en juzgados de todo el país para evitar dicha elección, de las cuales la mayoría fueron rechazadas y algunas fueron aceptadas. Uno de los que rechazó esta presentación (del Colegio Público de Abogados de Dolores) fue el Juez Federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla (ver foto), quien al referirse a su fallo dice:

Rápidamente tendría que haber una intervención de la Corte Suprema de Justicia o la jueza electoral nacional (María R. Servini de Cubría), precisamente porque se siguen presentando recursos para que se produzcan fallos contradictorios que afectan a la propia autoridad del Poder Judicial. Tengo la esperanza de que los abogados recapaciten y se den cuenta de que si se quieren hacer presentaciones hay que discutirlas en un marco racional, pero no se pueden buscar atajos.

 Y agrega:

Las cautelares que frenan un comicio son un acto de suma gravedad. En Argentina, ha costado mucho que las autoridades de la República se elijan a través de un acto eleccionario. La Constitución Nacional establece que la representatividad de los órganos de gobierno se hace a través del voto popular. Para impedir el ejercicio del voto popular, no se puede utilizar una medida cautelar, donde el único que no participa de la decisión es el pueblo, al que le cercenan la posibilidad de votar.
Los intereses corporativos nunca pueden estar por encima del pueblo, de la soberanía popular. La función de cualquier magistrado y de cualquier funcionario es la de preservar los intereses generales de la sociedad, que están por encima de una ONG, Colegio o Asociación, por más prestigiosa que sea. Hay que velar por los intereses de aquellas personas que no participan de la controversia judicial porque tiene derecho a elegir a sus representantes.

Pregunta el cronista: 

¿El accionar de los jueces que conceden estos planteos configura un delito?

ARP: Es un claro abuso del derecho con una pretensión clara, que es parar un acto eleccionario y fundamentado en ese sentido por intereses corporativos para cercenar la libertad del pueblo de votar. Y la ley no tolera el abuso del derecho, más cuando es de manera concertada y de manera organizada: arreglaron todos para presentarla todos el mismo día. Lo que yo digo desde mi lugar es que no voy a ser partícipe de esto. (Ver nota al juez Alejo Ramos Padilla ACÁ)

Ahora queda la pelota en el campo de la Corte Suprema (ver nota ACÁ). Esperemos que esté a la altura de lo que la Democracia espera de ella.
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