Cristina Fernández de Kirchner

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Hay una REALIDAD que los diarios NUNCA te van a contar porque no sirve a sus intereses.// ♥♥♥ Elecciones legislativas 2017: la oportunidad para FRENAR el Plan destructivo de Macri. #CristinaSenadora. ♥♥♥

miércoles, 25 de marzo de 2015

24 de Marzo: la Embajada y la anulación de los INDULTOS de Menem.

Jorge Rafael Videla y otros represores de la Dictadura militar, juzgados en tribunales comunes.
El 21 de agosto de 2003 el Senado convertía en la ley la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, conocidas como la leyes de la impunidad o del perdón, que impedían que los responsables de delitos de lesa humanidad fueran juzgados. A 10 años de ese hecho, y luego de que la Corte declarara -el 14 de junio de 2005- la inconstitucionalidad de estas normas, se desarrollan en el país 11 juicios orales y públicos por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar y está previsto que comiencen otros tres procesos antes de fin de año. (Argentina.ar/Historias y efemérides)

Y el 13 de Julio de 2007, la Corte Suprema de Justicia anulaba los indultos que el gobierno de Carlos Menem había otorgado a los represores de la última Dictadura Militar y a algunos civiles que habían pertenecido a grupos guerrilleros. La Embajada de los EEUU, según relatan los cables desclasificados de Wikileaks, no estuvo ajena al acontecimiento, y luego de recoger opiniones de diferentes personalidades, cierta prensa y sectores de la sociedad, envió el comunicado a su gobierno, no sin antes (cómo no!) agregar su propia opinión sobre el particular.

El fallo de la Corte Suprema no había sido unánime. La jueza Carmen Argibay, por ejemplo, se había manifestado en contra. A pesar de haber sido ella misma una detenida en períodos de represión de la Dictadura, opinaba que el fallo debía haber respetado fallos de la Corte anteriores en sentido contrario, lo que se conoce como "stare decisis". Mientras que Enrique Petracchi se había abstenido, y Carlos Fayt, al igual que Argibay, había votado en contra. A favor de anular los indultos se habían pronunciado Eugenio Zaffaroni, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte.
Pero la Embajada había recibido, además, opiniones por fuera de las expresadas por los miembros de la Corte. Así por ejemplo menciona en el cable expresiones de los constitucionalistas Daniel Sabsay y Gregorio Badeni. La síntesis que vuelca el cable dice, entre otras cosas:

"Mientras gran parte de la reacción ha sido positiva, la prensa local, la sociedad civil y algunos juristas han expresado su preocupación porque el fallo de la Corte aplica jurisprudencia internacional de forma retroactiva y no toma en cuenta los indultos otorgados a miembros de grupos armados guerrilleros, como los Montoneros, que también están acusados de cometer violaciones a los derechos humanos durante el mismo periodo. Argumentan que los indultos, tanto a actores estatales como no estatales, deberían anularse, y tanto los militares como los ex guerrilleros deberían ser juzgados por crímenes de lesa humanidad" (*).

Estas expresiones del representante de la Embajada revelan, en varias direcciones, el pensamiento de parte de la sociedad (pequeña pero poderosa) que, en distintos grados, ve el accionar del Estado en Dictadura como "excesos justificables". Todavía hoy, 39 años después del Golpe, hay personas que siguen sosteniendo lo que se conoce como "teoría de los dos demonios"... Así como se juzgó a los dictadores, habría que juzgar a los guerrilleros, porque tanto unos como otros, cometieron delitos de lesa humanidad... Algunos lo hacen de genuina buena fe. Otros, con la evidente intención de restar importancia a las atrocidades cometidas, y buscando incluso justificarlas debido al "accionar de la guerrilla", de la "guerra" a la que estaba sometido el país, del "peligro" que entrañaba la actuación de los guerrilleros, etc. Lo cierto es que hablar de una "guerra" que implica 2 bandos de igual peso, no toma en cuenta que, si es el Estado uno de esos dos "bandos", toda la teoría se transforma en falacia. Porque el Estado tiene el monopolio de la fuerza, es el único a quien la Nación le da las armas para protección del pueblo. Y si es ése Estado el que empuña sus armas contra el mismo pueblo, se transforma en un Estado criminal. El Estado, justamente, tiene la potestad y las herramientas para detener, juzgar, y hasta condenar a quienes cometen delitos, y si los guerrilleros a quienes se quería combatir habían cometido delitos, quien mejor que el Estado con sus distintas instancias, para cumplir con ese cometido. En cambio, eligieron combatirlos en las sombras, de manera clandestina, eludiendo toda instancia relacionada con el poder del Estado, prefirieron secuestrar, torturar, desaparecer, y finalmente en muchísimos casos, asesinar. Porque no de otra manera puede llamarse a terminar con la vida de alguien (por muy enemigo que se lo considere) sin darle siquiera la oportunidad de ejercer su derecho a defensa, y cometiendo delitos que, ni siquiera en la propia guerra, son admitidos.

Entre las opiniones que la Embajada recoge en su  Comunicado también se encuentra la del juez federal Daniel Rafecas

La hija de un teniente muerto en 1976 por la guerrilla, Ana Lucioni, fundadora de la Comisión de Homenaje Permanente a las Víctimas de la Subversión, presentó una demanda ante el juez federal Daniel Rafecas solicitando se investigue a personas relacionadas con Montoneros. El mismo juez estaba investigando los abusos a los DDHH cometidos en el 1º Cuerpo de Ejército. En relación con el fallo de la Corte anulando los indultos, Rafecas se manifiestó a favor, criticando la idea de igualar los delitos cometidos por guerrilleros y representantes del Estado, se nieó a abonar la "teoría de los dos demonios". Dice el Comunicado de la Embajada:

"El 17 de Julio, el juez Daniel Rafecas nos dijo que él cree que la demanda de (Ana) Lucioni es más una movida política que una presentación de un caso sólido. Él no cree que la decisión del Tribunal Supremo se pueda aplicar a los ex guerrilleros, ya que interpreta que el derecho internacional estipula que sólo los Estados pueden cometer crímenes de lesa humanidad. Opinó que sólo los actores no estatales que han sido respaldados deliberadamente por el Estado, ya sea mediante actos de comisión u omisión, pueden ser juzgados por crímenes de lesa humanidad (por ej. los grupos paramilitares como la Triple A). Rechazó el argumento de que los militares y ex guerrilleros deben ser igualmente juzgados y responsabilizados por los crímenes cometidos durante la década de 1970, alegando que el 90 por ciento de la guerrilla, de los autores, cómplices y encubridores de la guerrilla debieron responder por sus crímenes ante la Dictadura militar en ese momento y fueron muertos, secuestrados, torturados o desaparecidos. En su opinión los actos cometidos por los guerrilleros no pueden ser juzgados, ya que están sujetos a prescripción, es decir, la Dictadura militar tuvo la oportunidad de juzgar a los restantes miembros de la guerrilla, pero no lo hizo. (...)" (*)

Pero los represores estatales no se limitaron a aplicar la maquinaria de terror y exterminio del Estado a quienes, supuestamente, eran guerrilleros que cometían delitos mediante la violencia y la muerte. No se contentaron con eso. También tuvieron que apropiarse del "botín de guerra": los hijos de los y las desaparecido/as. Todavía hoy las Abuelas de Plaza de Mayo están buscando a casi 300 de ellos, de los más de 400 que se consideran apropiados y arrebatados a sus madres. Y por si no fuera suficiente con esa atrocidad, también se apropiaron de gran cantidad de bienes de empresarios y financistas, de grandes empresas, con la excusa de que ayudaban a financiar a la guerrilla. Y en lugar de juzgarlos y someterlos a proceso dentro de la ley, eligieron el camino del terror, la tortura y la expoliación. El caso más emblemático es el de la empresa Papel Prensa (asociados con los diarios La Nación, Clarín y La Prensa) arrebatada a la familia de David Graiver, pero también hubo otros casos, como el de Eduardo Saiegh, del Banco Latinoamericano S.A., de Federico y Miguel Gutheim, del grupo textil Sadeco y de Luis Alberto Oddone, del Banco Oddone S.A. (**) entre otros.

La anulación de los indultos por la Corte Suprema, así como las previas derogaciones de la Ley de Obediencia Debida y Punto Final (de la era Alfonsín), llamadas leyes de impunidad y de perdón, abrieron las puertas para que los militares (y algunos civiles) que hubieran cometido delitos de lesa humanidad, formando parte del Estado o asociados a él, fueran juzgados y muchos condenados, gozando del "debido proceso" a que todo ciudadano tiene derecho, derecho que ellos habían negado a quienes secuestraron y desaparecieron. Pero la Justicia todavía no alcanzó a muchos de aquellos que, beneficiados y amparados en el terror del Estado cometieron delitos todavía impunes. Beneficiados que, todavía hoy, continúan ejerciendo y formando parte del "poder real", poder fáctico, el mismo con suficiente poder como para transformarse cuando lo deseen en un poder más fuerte que el propio Estado, cuyos representantes son periódicamente sometidos a las urnas, y a los que no tienen ningún prurito en jaquear, acorralar y querer someter.

Cada 24 de Marzo, cuando se recuerda el Golpe Militar sobre un gobierno democrático, debe continuar transformándose en el mejor emblema de la MEMORIA que no puede flaquear, de la VERDAD que todavía debemos alcanzar y de la JUSTICIA que debemos exigir para poder seguir siendo un país que respeta sus instituciones y los derechos de sus ciudadanos.
¡Que así sea!
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(*) "Politileaks": Santiago O´Donnell.
(**) "Cuentas pendientes": Horacio Verbitsky.

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