Queremos preguntar, queremos entender...

La Conferencia Episcopal Argentina reunió a dirigentes opositores para tratar los "lineamientos básicos para la implementación de políticas públicas sobre el consumo de drogas y contra el narcotráfico". (Ver nota completa: http://www.telam.com.ar/).

Si uno ve la FOTO o escucha las declaraciones de algunos de los firmantes, o incluso el acto de verlos a todos los opositores juntos, podría llevarse una imagen distorsionada. En especial, porque la mayoría de los opositores tratan de mostrarse en algunos actos como más importantes de lo que en realidad son, o como si se tratara de una postura crítica frente a los actos de gobierno, cuando en realidad podría tratarse de una estrategia de la Iglesia más amplia, que empezó con otro tipo de reuniones, y en las que no es difícil ver el "efecto Francisco" con relación al tema "narcotráfico".

Al menos es lo que dice Washington Uranga:

(...) "Está claro que, no sin relación con el protagonismo de Francisco, “el efecto religioso” se ha hecho presente en forma creciente en los últimos tiempos en la política argentina. En Córdoba, durante el conflicto policial, tuvo gran participación como mediador el obispo auxiliar designado Pedro Torres, junto a líderes de otras confesiones. El también sacerdote católico Juan Carlos Molina fue nombrado como titular del Sedronar luego de que la Conferencia Episcopal reclamara una política más firme en materia de drogadicción. Después de una primera actitud titubeante frente a la iniciativa oficial, la mayoría de los obispos salió a respaldar públicamente la labor de Molina. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, se reunió con el obispo Jorge Lozano, titular de la Pastoral Social.

La Conferencia Episcopal hizo un documento sobre la situación social y la drogadicción. También habló el vocero del Episcopado, el sacerdote Jorge Oesterheld, alguien que no que suele pronunciarse por cuenta propia. Los obispos católicos patagónicos difundieron una declaración sobre la realidad social. El obispo de Neuquén y su presbiterio pidieron a las autoridades de aquella provincia que “asuman su responsabilidad para enfrentar y solucionar como corresponde los distintos conflictos actuales”. El obispo de Jujuy, César Fernández, se reunió con el gobernador jujeño Eduardo Fellner para hablar sobre la situación social. Hoy un grupo de importantes dirigentes políticos de primera línea firmará un “acta de compromiso para establecer políticas públicas sobre consumo de drogas y lucha contra el narcotráfico”, documento promovido por la Comisión Episcopal de Pastoral Social y la Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia Católica. Según el anuncio oficial, estarán allí Binner, Massa, Scioli, Sanz, Stolbitzer y Tumini, entre otros.

La Presidenta también se sentó a dialogar con los representantes de las comunidades religiosas. En este caso, sin embargo, todo fue cuidadosamente previsto. La jerarquía católica inició la ronda de encuentros. Estuvo la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal con su presidente, arzobispo José María Arancedo, a la cabeza. Pero luego siguió también la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas y después la DAIA. Atención a las comunidades religiosas, pero no sólo a los católicos, es el mensaje.

Más allá de cualquier lectura o especulación: el dato religioso y sus actores recobraron fuerza en la vida social y política argentina. Al menos por ahora. Habrá que seguir con atención, ponderar y evaluar la evolución del hecho sociopolítico cultural. Pero no cabe duda de que Francisco ha tenido que ver mucho en esta nueva realidad. (Ver nota completa en http://www.pagina12.com.ar).

Sin embargo, y a pesar de todas estas reuniones previas, Monseñor Lozano continuó su escalada de críticas que culminaron en la promocionada convocatoria, y merecieron la respuesta del JGM Jorge Capitanich: 

"La respuesta de Capitanich se dio luego de que el titular de Comisión Episcopal de la Pastoral Social y obispo de Gualeguaychú, monseñor Jorge Lozano, vinculara a los saqueos con la corrupción política, señalara "deudas" sobre los resultados de las políticas de inclusión social e instara a tomar "medidas urgentes" al respecto.
El gobierno nacional interpretó las definiciones de monseñor Lozano como la expresión de un sector de la Iglesia y recordó los buenos términos del encuentro entre la presidenta Cristina Fernández y los titulares de la Conferencia Episcopal Argentina que se realizó la semana pasada en la quinta de Olivos. Sin embargo, en el gobierno hubo cierta preocupación y sorpresa por las declaraciones de Lozano, que se dan en el marco de días convulsionados tras los levantamientos policiales y los saqueos en distintos puntos del país. También recordaron que el obispo mantuvo hace pocos días un encuentro con Capitanich en su despacho para dialogar sobre la lucha contra el narcotráfico en el marco de la declaración  "El drama de las drogas y el narcotráfico" que los obispos firmaron en noviembre. En esa reunión, Monseñor Lozano incluso aprovechó para invitar al funcionario a participar de la Semana Social 2014. (ver nota completa acá: http://tiempo.infonews.com/).

Es evidente que la cúpula de la Iglesia argentina (al menos en la voz de Mons. Lozano) pretende, como en otros tiempos, volver a ser protagonista de la vida política argentina. Si la actitud fuera auténtica, la reunión debería haber sido específicamente con los gobernadores más cuestionados en relación con el narcotráfico, como son los de Córdoba (con el narcoescándalo y el descabezamiento de las cúpulas de Seguridad) y el de Santa Fe, cuya casa fue baleada en medio de episodios también ligados al narcotráfico (con el procesamiento del propio Jefe de Policía y otros), y con el actual diputado y ex intendente de Tigre, en cuyas tierras suelen refugiarse famosos narcotraficantes internacionales (como Mi Sangre) y cuyos ríos y arroyos tan apropiados fueron siempre para el ir y venir de la droga.  Sin embargo, el papel de Mons. Lozano se limitó a juntar a toda la oposición para programar CON ELLOS, políticas en contra del narcotráfico, dejando fuera sectores del partido gobernante y a los mismísimos director del SEDRONAR (el cura Molina) y la Min. de Seguridad, Cecilia Rodríguez. ¿O acaso es el presidente actual de la UCR (Ernesto  Sanz) el más indicado para hablar de "políticas sociales", luego de haber criticado la AUH en forma peyorativa y escandalosa?  Si no se trata de una nueva intromisión de la Iglesia en la política poniéndose del lado de la oposición, a la que debería conminar a realizar su trabajo, es que ya nada queda claro...o sí!

¿Es el "efecto Francisco" el que se hizo presente una vez más? ¿O sólo se trata de un regreso a las viejas manías eclesiales de creerse la "reserva moral" y religiosa del pueblo argentino, como en los viejos tiempos del mito de la "nación católica"...? Está claro que, en principio, necesita aliarse con la oposición, ¿para legitimarse o para legitimarla? Porque lo cierto es que, cada uno de ellos tiene bastante poco para aportar a "lo que falta", y en cambio es mucho lo que deben en esas áreas que, justamente, la Iglesia siente que el Estado está ausente, ya que casi todos ellos, por acción o por omisión, es más lo que obstruyeron que lo que construyeron en aras de alcanzar las metas que la Iglesia pretende, y que, aunque no termine de aceptarlo, son las mismas que el gobierno pretende alcanzar con sus políticas.

Iglesia y oposición harían mucho más bien tratando de sumar, en lugar de unirse para oponerse, porque no es la mejor manera en que se construye, aun cuando luego se critique al gobierno por su carencia de diálogo. Coherencia y buena voluntad, además de un sentido cristiano como debería corresponderles, es lo menos que pueden aportar si realmente los obispos se consideran "pastores". Y de paso, poner el mismo énfasis en observar la corrupción empresarial y corporativa (muchas de cuyas causas "duermen" en la justicia) y no tanto en la política, el énfasis que no pusieron cuando se violaban en forma flagrante los derechos de los expoliados, torturados y desaparecidos, hechos de los que estaban perfectamente al tanto, tal como dicen Roberto Di Stefano y Loris Zanatta en  "Historia de la Iglesia Argentina":

"Salvo un restringido número de obispos que las denunciaron con fuerza, poniendo en peligro su propia incolumidad, la iglesia como tal fue cuanto menos reticente, cuando no amparó y legitimó lo que estaba sucediendo. (...) Quizás una denuncia clara, fuerte y pública de la Iglesia Católica habría podido inducir al gobierno, cuya legitimidad derivaba en gran parte, justamente, de su reivindicación del papel protector de la "nación católica", a respetar en mayor medida las vidas humanas". 

Con una diferencia insoslayable: el "gobierno" al que refieren los autores, era la Dictadura militar, mientras que éste gobierno fue elegido democráticamente. Quizá las corporaciones (incluída la Iglesia) todavía no terminen de aceptar que es el voto popular el que elige quiénes son los que deben dirigir los destinos del país.

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