La Iglesia SABÍA...y calló!

"Como es sabido, existe un difundido consenso en juzgar reticente o directamente cómplice con ese régimen (la Dictadura genocida del 76 al 83) la postura de las autoridades de la Iglesia argentina frente a las sistemáticas violaciones de los derechos del hombre en la que aquél incurrió. En suma, salvo un restringido número de obispos que las denunciaron con fuerza, poniendo en peligro su propia incolumidad, la iglesia como tal fue cuanto menos reticente, cuando no amparó y legitimó lo que estaba sucediendo.

(...) Quizás, una denuncia clara, fuerte y pública de la Iglesia católica habría podido inducir al gobierno, cuya legitimidad derivaba en gran parte, justamente, de su reivindicación del papel protector de la "nación católica", a respetar en mayor medida las vidas humanas. Y sin embargo, esa denuncia nunca fue pronunciada en tales términos.

(...) (Una explicación posible) propuesta durante mucho tiempo por algunos ambientes eclesiásticos, es la que sostiene que las autoridades de la Iglesia no habrían conocido la  naturaleza y la extensión de las violaciones perpetradas. Sin embargo, las minutas de las reuniones episcopales, los documentos diplomáticos, la gran mole de denuncias particularizadas enviadas a los obispos por parte de familiares de desaparecidos, así como la densísima red de vínculos personales e institucionales que desde hacía decenios ligaba a la Iglesia con las Fuerzas Armadas, privan a esta hipótesis de toda verosimilitud.

(...)

La Conferencia Episcopal no ha podido desvincularse de la acusación de no haber reaccionado con suficiente decisión durante los años terribles en que los abusos de poder y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos fueron el pan cotidiano de los argentinos. (...) No cabe duda de que una firme denuncia del episcopado de las atrocidades cometidas por el llamado Proceso de Reorganización Nacional habría por lo menos constituído un obstáculo muy significativo para un gobierno que se autolegitimaba recurriendo a argumentos de carácter religioso."

Roberto Di Stefano-Loris Zanatta (*)

"Como otro ejemplo de la cercanía de los obispos más con el régimen militar que con el Concilio Vaticano II, recuerdo que ante la ley de Obediencia Debida, y ante el pedido de muchos de que se proclame su ilegitimidad, el cardenal Aramburu afirmó públicamente que eso era "materia opinable", a pesar que expresamente el Concilio afirmaba hablando de los Derechos Humanos: "Los actos pues, que se oponen deliberadamente a tales principios y las órdenes que mandan tales actos, son criminales, y la obediencia ciega no puede excusar a quienes las acatan" (Encíclica Gaudium Spes, 79)". 

Pbro. Eduardo de la Serna. (**)

"La violencia de la dictadura se intensificó. Los obispos y el nuncio papal sabían lo que pasaba y se mantuvieron en silencio. Consciente o inconscientemente, fueron cómplices en las injusticias, las graves violaciones del derecho a la vida y el atropello a la libertad y a la dignidad del pueblo argentino. (...)

Es imperativo hacer un llamado al interior de la Iglesia argentina, para desafiarla a reflexionar seriamente sobre el compromiso de los cristianos con la realidad histórica de la vida de su pueblo. Siempre he dicho que una Iglesia que no reconoce a sus mártires es una Iglesia que da sus espaldas al Espíritu Santo; una Iglesia que no levanta su voz profética y que no denuncia injusticias, una Iglesia que no ve en el sufrimiento de su pueblo la cara de Dios, ha perdido el poder y la autoridad para proclamar el reino de Dios y su justicia".

Adolfo Pérez Esquivel (***).

Pero no todo era lo mismo. Además de la Iglesia cómplice, estaba la Iglesia perseguida. Mientras la cúpula de la Conf. Episcopal hacía buenas migas con las FFAA, otros obispos y otros curas, seminaristas, religiosos y religiosas, orientaban su sacerdocio hacia los pobres y siguiendo los mandatos del  Concilio Vaticano II. Junto con ellos, también muchos laicos, como la hija de Emilio Mignone (autor de Iglesia y Dictadura y fundador del CELS), Mónica. Trabajaba en un barrio de emergencia del Bajo Flores, en la parroquia Santa María Madre del Pueblo, y fue detenida y desaparecida el día 14 de Mayo de 1976, a las 5 de la mañana de la casa de sus padres. También en los barrios pobres y con los pobres trabajaba el padre Carlos Mugica, de cuyo asesinato se cumple el 11 de mayo el 40º aniversario. Fue acribillado a balazos frente a la parroquia de San Francisco Solano, en Buenos Aires. Y fue el 1º de una larguísima lista de detenidos, torturados, asesinados y/o desaparecidos, formada tanto por obispos como por sacerdotes y/o seminaristas, algunos de los cuales fueron víctimas antes de la llegada "oficial" de los militares al poder, en 1976:

Carlos Mugica, asesinado (1974),  Carlos Dorniak, asesinado (1975), Nelio Rougier, desaparecido (1975), Miguel Ángel Urusa Nicolau, desaparecido (1976), Francisco Soares, asesinado (1976), Pedro Fourcade, desaparecido ((1976), Alfredo Kelly, asesinado ((1976), Alfredo Leaden, asesinado (1976), Pedro Duffau, asesinado (1976), Gabriel Longueville, asesinado (1976), Carlos de Dios Murias, asesinado (1976), Héctor Federico Baccini, desaparecido ((1976), Pablo Gazzari, desaparecido (1976), Carlos Armando Bustos, desaparecido (1977), Mauricio Silva Iribarnegaray, desaparecido (1977), Jorge Adur, desaparecido (1980).

Y como parte de la cúpula de obispos disidentes y denunciantes de lo que ocurría, agregamos a la lista a los obispos asesinados o "accidentados" durante el período:

Enrique Angelelli (obispo de La Rioja) y Carlos Ponce de León (obispo de San Nicolás de los Arroyos). También fueron torturadas y asesinadas en la ESMA dos religiosas francesas de las Misiones Extranjeras: Alice Domon y Leónie Duquet.

Y la lista podría continuar con una larga serie de clérigos detenidos, torturados, luego liberados y expulsados del país o que "eligieron" exiliarse, entre los que se cuentan Orlando Iorio y Francisco Jálics, mencionados en otra nota (ver Desobediencia) en relación con el entonces superior provincial jesuita, Jorge Bergoglio, hoy papa Francisco. Por mencionar solamente aquellos que, siendo parte de la misma Iglesia, fueron perseguidos por ella con la anuencia, el silencio y la complicidad de la cúpula. 

Luego de este humilde recordatorio, estamos listos para indignarnos y llenarnos de repulsión por la Declaración de la Coferencia Episcopal Argentina que, poniéndose afuera de toda culpa y responsabilidad histórica, se atreve a hablar HOY de que la Argentina está "enferma de violencia":

Felices los que trabajan por la paz

Se los dejo en el enlace para que lo lean y dejen aflorar su propia indignación. Y ya que estamos, y para refrescar a esa misma cúpula que el encubrimiento, todavía hoy, continúa, les dejo otra nota del presente, pero de esto la Declaración tampoco dice NADA:

La iglesia investigada por encubrir a un cura prófugo.

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(*) Historia de la Iglesia Argentina. Desde la Conquista hasta fines del siglo XX. Roberto Di Stefano-Loris Zanatta.

(**) Iglesia y Dictadura. Emilio F. Mignone. Prólogo 2006.

(***) Iglesia y Dictadura. Emilio F. Mignone. Prólogo 1987

Queremos preguntar, queremos entender...

La Conferencia Episcopal Argentina reunió a dirigentes opositores para tratar los "lineamientos básicos para la implementación de políticas públicas sobre el consumo de drogas y contra el narcotráfico". (Ver nota completa: http://www.telam.com.ar/).

Si uno ve la FOTO o escucha las declaraciones de algunos de los firmantes, o incluso el acto de verlos a todos los opositores juntos, podría llevarse una imagen distorsionada. En especial, porque la mayoría de los opositores tratan de mostrarse en algunos actos como más importantes de lo que en realidad son, o como si se tratara de una postura crítica frente a los actos de gobierno, cuando en realidad podría tratarse de una estrategia de la Iglesia más amplia, que empezó con otro tipo de reuniones, y en las que no es difícil ver el "efecto Francisco" con relación al tema "narcotráfico".

Al menos es lo que dice Washington Uranga:

(...) "Está claro que, no sin relación con el protagonismo de Francisco, “el efecto religioso” se ha hecho presente en forma creciente en los últimos tiempos en la política argentina. En Córdoba, durante el conflicto policial, tuvo gran participación como mediador el obispo auxiliar designado Pedro Torres, junto a líderes de otras confesiones. El también sacerdote católico Juan Carlos Molina fue nombrado como titular del Sedronar luego de que la Conferencia Episcopal reclamara una política más firme en materia de drogadicción. Después de una primera actitud titubeante frente a la iniciativa oficial, la mayoría de los obispos salió a respaldar públicamente la labor de Molina. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, se reunió con el obispo Jorge Lozano, titular de la Pastoral Social.

La Conferencia Episcopal hizo un documento sobre la situación social y la drogadicción. También habló el vocero del Episcopado, el sacerdote Jorge Oesterheld, alguien que no que suele pronunciarse por cuenta propia. Los obispos católicos patagónicos difundieron una declaración sobre la realidad social. El obispo de Neuquén y su presbiterio pidieron a las autoridades de aquella provincia que “asuman su responsabilidad para enfrentar y solucionar como corresponde los distintos conflictos actuales”. El obispo de Jujuy, César Fernández, se reunió con el gobernador jujeño Eduardo Fellner para hablar sobre la situación social. Hoy un grupo de importantes dirigentes políticos de primera línea firmará un “acta de compromiso para establecer políticas públicas sobre consumo de drogas y lucha contra el narcotráfico”, documento promovido por la Comisión Episcopal de Pastoral Social y la Comisión de Justicia y Paz de la Iglesia Católica. Según el anuncio oficial, estarán allí Binner, Massa, Scioli, Sanz, Stolbitzer y Tumini, entre otros.

La Presidenta también se sentó a dialogar con los representantes de las comunidades religiosas. En este caso, sin embargo, todo fue cuidadosamente previsto. La jerarquía católica inició la ronda de encuentros. Estuvo la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal con su presidente, arzobispo José María Arancedo, a la cabeza. Pero luego siguió también la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas y después la DAIA. Atención a las comunidades religiosas, pero no sólo a los católicos, es el mensaje.

Más allá de cualquier lectura o especulación: el dato religioso y sus actores recobraron fuerza en la vida social y política argentina. Al menos por ahora. Habrá que seguir con atención, ponderar y evaluar la evolución del hecho sociopolítico cultural. Pero no cabe duda de que Francisco ha tenido que ver mucho en esta nueva realidad. (Ver nota completa en http://www.pagina12.com.ar).

Sin embargo, y a pesar de todas estas reuniones previas, Monseñor Lozano continuó su escalada de críticas que culminaron en la promocionada convocatoria, y merecieron la respuesta del JGM Jorge Capitanich: 

"La respuesta de Capitanich se dio luego de que el titular de Comisión Episcopal de la Pastoral Social y obispo de Gualeguaychú, monseñor Jorge Lozano, vinculara a los saqueos con la corrupción política, señalara "deudas" sobre los resultados de las políticas de inclusión social e instara a tomar "medidas urgentes" al respecto.
El gobierno nacional interpretó las definiciones de monseñor Lozano como la expresión de un sector de la Iglesia y recordó los buenos términos del encuentro entre la presidenta Cristina Fernández y los titulares de la Conferencia Episcopal Argentina que se realizó la semana pasada en la quinta de Olivos. Sin embargo, en el gobierno hubo cierta preocupación y sorpresa por las declaraciones de Lozano, que se dan en el marco de días convulsionados tras los levantamientos policiales y los saqueos en distintos puntos del país. También recordaron que el obispo mantuvo hace pocos días un encuentro con Capitanich en su despacho para dialogar sobre la lucha contra el narcotráfico en el marco de la declaración  "El drama de las drogas y el narcotráfico" que los obispos firmaron en noviembre. En esa reunión, Monseñor Lozano incluso aprovechó para invitar al funcionario a participar de la Semana Social 2014. (ver nota completa acá: http://tiempo.infonews.com/).

Es evidente que la cúpula de la Iglesia argentina (al menos en la voz de Mons. Lozano) pretende, como en otros tiempos, volver a ser protagonista de la vida política argentina. Si la actitud fuera auténtica, la reunión debería haber sido específicamente con los gobernadores más cuestionados en relación con el narcotráfico, como son los de Córdoba (con el narcoescándalo y el descabezamiento de las cúpulas de Seguridad) y el de Santa Fe, cuya casa fue baleada en medio de episodios también ligados al narcotráfico (con el procesamiento del propio Jefe de Policía y otros), y con el actual diputado y ex intendente de Tigre, en cuyas tierras suelen refugiarse famosos narcotraficantes internacionales (como Mi Sangre) y cuyos ríos y arroyos tan apropiados fueron siempre para el ir y venir de la droga.  Sin embargo, el papel de Mons. Lozano se limitó a juntar a toda la oposición para programar CON ELLOS, políticas en contra del narcotráfico, dejando fuera sectores del partido gobernante y a los mismísimos director del SEDRONAR (el cura Molina) y la Min. de Seguridad, Cecilia Rodríguez. ¿O acaso es el presidente actual de la UCR (Ernesto  Sanz) el más indicado para hablar de "políticas sociales", luego de haber criticado la AUH en forma peyorativa y escandalosa?  Si no se trata de una nueva intromisión de la Iglesia en la política poniéndose del lado de la oposición, a la que debería conminar a realizar su trabajo, es que ya nada queda claro...o sí!

¿Es el "efecto Francisco" el que se hizo presente una vez más? ¿O sólo se trata de un regreso a las viejas manías eclesiales de creerse la "reserva moral" y religiosa del pueblo argentino, como en los viejos tiempos del mito de la "nación católica"...? Está claro que, en principio, necesita aliarse con la oposición, ¿para legitimarse o para legitimarla? Porque lo cierto es que, cada uno de ellos tiene bastante poco para aportar a "lo que falta", y en cambio es mucho lo que deben en esas áreas que, justamente, la Iglesia siente que el Estado está ausente, ya que casi todos ellos, por acción o por omisión, es más lo que obstruyeron que lo que construyeron en aras de alcanzar las metas que la Iglesia pretende, y que, aunque no termine de aceptarlo, son las mismas que el gobierno pretende alcanzar con sus políticas.

Iglesia y oposición harían mucho más bien tratando de sumar, en lugar de unirse para oponerse, porque no es la mejor manera en que se construye, aun cuando luego se critique al gobierno por su carencia de diálogo. Coherencia y buena voluntad, además de un sentido cristiano como debería corresponderles, es lo menos que pueden aportar si realmente los obispos se consideran "pastores". Y de paso, poner el mismo énfasis en observar la corrupción empresarial y corporativa (muchas de cuyas causas "duermen" en la justicia) y no tanto en la política, el énfasis que no pusieron cuando se violaban en forma flagrante los derechos de los expoliados, torturados y desaparecidos, hechos de los que estaban perfectamente al tanto, tal como dicen Roberto Di Stefano y Loris Zanatta en  "Historia de la Iglesia Argentina":

"Salvo un restringido número de obispos que las denunciaron con fuerza, poniendo en peligro su propia incolumidad, la iglesia como tal fue cuanto menos reticente, cuando no amparó y legitimó lo que estaba sucediendo. (...) Quizás una denuncia clara, fuerte y pública de la Iglesia Católica habría podido inducir al gobierno, cuya legitimidad derivaba en gran parte, justamente, de su reivindicación del papel protector de la "nación católica", a respetar en mayor medida las vidas humanas". 

Con una diferencia insoslayable: el "gobierno" al que refieren los autores, era la Dictadura militar, mientras que éste gobierno fue elegido democráticamente. Quizá las corporaciones (incluída la Iglesia) todavía no terminen de aceptar que es el voto popular el que elige quiénes son los que deben dirigir los destinos del país.

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