Justicia Legítima: Contra viento y marea,

LA JUSTICIA SOMOS TODOS

Así titulan la Solicitada quienes forman parte del colectivo Justicia Legítima presentada el día Domingo 2/6/2013.

(Ver texto completo ACÁ). 

Y agregan, entre otras cosas:

"Concita nuestra preocupación el rechazo pertinaz de una parte de la magistratura y de la abogacía al incremento de la presencia de la voluntad popular en la elección de aquellos que integrarán el Consejo de la Magistratura.

Tal repulsa al ejercicio de la soberanía popular pretende justificarse en una interpretación restrictiva de la Constitución, que olvida uno de los principios rectores que la define: la forma de gobierno representativa, por voluntad del poder constituyente originario. Así, la habilitación de la participación del pueblo en la conformación de todas sus instituciones afianza, consolida y expande la ideología inspiradora de la carta política de nuestra Nación.

La oposición a la elección popular de los consejeros (*) exhibe al desnudo la impronta monárquica que todavía coloniza el pensar y el hacer de muchos magistrados; quienes se perciben como predestinados al cargo que ostentan y, en cambio, consideran a los ciudadanos como convidados de piedra del servicio que deben brindar.

La salida de la encrucijada que enfrentan hoy los jueces que deben definir las presentaciones de sus pares, que reclaman en defensa del corporativismo judicial en desmedro de los derechos del pueblo, demostrará si el anciano foro conservador está dispuesto a hacer un aporte a la democracia —revisando los aspectos más nocivos de la institución, sus prácticas y su cultura—, o prolongará su agonía replegándose sobre sí mismo, sin pudor ni límites, y al costo de profundizar su distanciamiento de la sociedad, mal disimulado tras una cortina de abstracciones discursivas y rituales cosméticos.

Quienes conformamos JUSTICIA LEGÍTIMA sólo concebimos al Poder Judicial como un servicio del pueblo para todo el pueblo. Somos conscientes de que confrontamos contra un orden de privilegios que resiste con virulencia cualquier intento de cambio y ataca arteramente la activa labor de probos y comprometidos magistrados. Por eso mismo, seguiremos trabajando en pos de nuevas reformas, como aquellas que atiendan a fortalecer el acceso a la justicia, la oralidad en todos los procesos e instancias y la participación ciudadana en los procesos judiciales; así como en hacer realidad la expresa letra del artículo 114 de la Constitución Nacional en cuanto prescribe la forma en que se deben administrar los recursos del poder judicial. La prioridad estará puesta en que la justicia llegue a los que más la necesitan, como los pueblos indígenas, los sectores campesinos, los trabajadores, los grupos más vulnerables de la sociedad. Todos aquellos que penan por las injusticias que padecen.

Con estos desafíos por delante, definimos constituirnos formalmente como Asociación Civil y convocamos al Tercer Encuentro Nacional que se celebrará en el mes de septiembre en Mendoza.

Nuestra lucha es irrenunciable e inclaudicable, más allá de cualquier vicisitud, porque es la lucha por lo que falta de Democracia".

Esta Asociación Civil en que debió conformarse el colectivo respondió a necesidades formales y operativas, ya que no es fácil conectarse con el mundo desde un estado asambleario, tal como explica su recientemente designada Titular de Justicia Legítima, María Laura Garrigós de Rébori (ver foto). Sin embargo, esto no implica que se transformará en una nueva corporación, sino que mantendrá su carácter horizontal, sin limitaciones ni jerarquías.

Es presidenta de la Cámara Criminal y Correccional y dice:
Vamos a seguir funcionando como un montón de gente loca que hablamos todos al mismo tiempo. El único requisito para participar es ser mayor de 18 años y comulgar con los objetivos de la asociación
(ver nota completa acá: Antes los jueces hablábamos de ropa o de vacaciones. Hoy hablamos de poltíca.

Las otras dos personas autorizadas de Justicia Legítima son Jorge Auat como Secretario (Unidad de DDHH de la Procuración), y Mario Kestelboim como Tesorero (de la Defensoría porteña). La Comisión Directiva la integran: Alejandra Gils Carbó (Procuradora General), Stella Maris Martínez (Defensora General), Alejandro Slokar (Juez de Casación), Javier de Luca (Juez de Casación), Félix Crous (titular de la Procuraduría de Narco criminalidad), Omar Palermo (Juez de la Corte mendocina) y José Massoni (ex camarista y ex titular de la Oficina de Anticorrupción). La asociación se articula en red con el CELS, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y Abuelas de Plaza de Mayo.
Y termina diciendo la flamante titular de Justicia Legítima:

"Siempre pertenecí a sectores que quisieron cambiar las estructuras corporativas, pero siempre fuimos perdidosos. Ahora somos una facción importante como nunca la hubo y nunca vi tanta imbricación con el resto de la sociedad". (Leer nota completa acá: Cómo queda Justicia Legítima).

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(*) La "oposición a la elección popular de Consejeros"  a la que alude la Solicitada de Justicia Legítima se tradujo en una batería de presentaciones cautelares en juzgados de todo el país para evitar dicha elección, de las cuales la mayoría fueron rechazadas y algunas fueron aceptadas. Uno de los que rechazó esta presentación (del Colegio Público de Abogados de Dolores) fue el Juez Federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla (ver foto), quien al referirse a su fallo dice:

Rápidamente tendría que haber una intervención de la Corte Suprema de Justicia o la jueza electoral nacional (María R. Servini de Cubría), precisamente porque se siguen presentando recursos para que se produzcan fallos contradictorios que afectan a la propia autoridad del Poder Judicial. Tengo la esperanza de que los abogados recapaciten y se den cuenta de que si se quieren hacer presentaciones hay que discutirlas en un marco racional, pero no se pueden buscar atajos.

 Y agrega:

Las cautelares que frenan un comicio son un acto de suma gravedad. En Argentina, ha costado mucho que las autoridades de la República se elijan a través de un acto eleccionario. La Constitución Nacional establece que la representatividad de los órganos de gobierno se hace a través del voto popular. Para impedir el ejercicio del voto popular, no se puede utilizar una medida cautelar, donde el único que no participa de la decisión es el pueblo, al que le cercenan la posibilidad de votar.
Los intereses corporativos nunca pueden estar por encima del pueblo, de la soberanía popular. La función de cualquier magistrado y de cualquier funcionario es la de preservar los intereses generales de la sociedad, que están por encima de una ONG, Colegio o Asociación, por más prestigiosa que sea. Hay que velar por los intereses de aquellas personas que no participan de la controversia judicial porque tiene derecho a elegir a sus representantes.

Pregunta el cronista: 

¿El accionar de los jueces que conceden estos planteos configura un delito?

ARP: Es un claro abuso del derecho con una pretensión clara, que es parar un acto eleccionario y fundamentado en ese sentido por intereses corporativos para cercenar la libertad del pueblo de votar. Y la ley no tolera el abuso del derecho, más cuando es de manera concertada y de manera organizada: arreglaron todos para presentarla todos el mismo día. Lo que yo digo desde mi lugar es que no voy a ser partícipe de esto. (Ver nota al juez Alejo Ramos Padilla ACÁ)

Ahora queda la pelota en el campo de la Corte Suprema (ver nota ACÁ). Esperemos que esté a la altura de lo que la Democracia espera de ella.
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